Lorenzo del Río hace un llamamiento para "despolitizar" la justicia

El tráfico de droga es una de las mayores preocupaciones de las autoridades judiciales en nuestra comunidad. De hecho, el asunto ha estado sobre la mesa en el Acto Institucional de Apertura del Año Judicial celebrado en Granada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su presidente, Lorenzo del Río, ha hecho un llamamiento para "despolitizar" la justicia.

La Fiscalía de Andalucía registró el pasado año 380.368 incoaciones, lo que supone un ligero aumento del 1,1 por ciento con Almería y Sevilla a la cabeza. La nueva criminalidad, que abarca desde la corrupción política y económica hasta las bandas organizadas del narcotráfico, son los que plantean procedimientos más complejos y preocupación a un Ministerio Público que pide elevar las penas a los delitos logísticos de estas organizaciones, que incluso han dirigido la violencia hacia los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como se vio hace meses en Barbate.

Los menores, son otra preocupación judicial pero en dos perspectivas; como agresores, se ha registrado un elevadísimo repunte de delitos de menores, algunos de ellos muy graves, en casos de asesinatos y homicidios. Y preocupación también como víctimas, fundamentalmente por el incremento de agresiones y abusos sexuales. Los casos de Violencia de Género siguen siendo muy altos.

Pero tanto la Fiscal Superior como el presidente del Alto Tribunal andaluz hablan de respetar la independencia y apuntan a un abusivo uso político del sistema judicial que perjudica la imagen y el trabajo de los agentes de la Justicia. Lorenzo del Río ha llamado a despolitizar la justicia y a prestigiarla institucionalmente, una vez superada la interinidad del CGPJ, para hacer frente a la actual "intoxicación del clima social", que lleva a una "deslegitimación indiscriminada" de la justicia sobre la que la política, dice, debería reflexionar.

Durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, el presidente del alto tribunal andaluz ha lamentado que "a menudo, el respeto a la justicia (...) brilla por su ausencia" y constituye "un síntoma de la degradación que sufre el sistema democrático". Los jueces, ha subrayado, necesitan independencia para cumplir su función "sin interferencias de ninguna clase".

Hay en su opinión un desafío "evidente": "Basta ver la actualidad política para advertir que se valora a la justicia como un elemento más de la lucha política y al juez, como un jugador adornado con los colores de tal o cual partido o ideología".
Para Del Río, "el permanente y abusivo uso político del sistema judicial y de sus resoluciones genera deslegitimación y desafección de uno de los pilares del Estado". Atacarlo o desautorizarlo "sin clara justificación" es, a su entender, "sembrar una duda esencial sobre la justicia y minar el sistema de equilibrios y contrapesos de poder que constituye la base de todo régimen político que pretenda ser democrático".

Tras recordar que la Comisión Europea ya advirtió de la "presión indebida" sobre los jueces en España y del riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos "afecten a la confianza pública en la independencia judicial", ha llamado a contribuir entre todos a fortalecerla: "unos, evitando las críticas sectarias, interesadas y excesivas; otros, desempeñando nuestro trabajo con la máxima responsabilidad".

Aunque ha considerado "normal, aceptable y hasta recomendable" la crítica a la labor de los jueces en un estado de Derecho, ha opinado que otra cosa son las "graves descalificaciones y presiones" sobre ellos, algo, además de "tremendamente injusto, insólito e inaceptable, más cuando se produce con continuidad y dureza". Ha defendido que, aunque con más retraso del debido, en España el poder judicial cumple adecuadamente sus funciones, y su labor "no se puede juzgar por un reducido número de casos, más o menos mediáticos, sino por el ingente volumen de asuntos que se resuelven cada año".

Del Río ha iniciado su discurso congratulándose de la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Aunque el daño ya está hecho" -ha precisado- porque persiste "ese halo de duda sobre una justicia que, siendo independiente, ve cómo se visualiza socialmente un reparto político entre los dos partidos mayoritarios para la designación de los vocales".

Al objetivo de una justicia independiente deben contribuir, ha señalado, todos los poderes e instituciones del Estado, además de los propios jueces, que deben "hacer gala de moderación institucional" y evitar que el proceso sea utilizado para fines "distintos o alejados de la estricta aplicación de las leyes y razonable administración de justicia".

Se ha referido a la actual "intoxicación del clima social" con respecto a la justicia, que hace que "ciudadanos y medios de comunicación entiendan que muchas decisiones judiciales no son imparciales por estar politizadas", para considerar que la política española debería hacer una "reflexión profunda" sobre este fenómeno de "deslegitimización indiscriminada".

Por todo ello, ha considerado de "suma urgencia" reforzar institucionalmente a la justicia y despojarla de su "aparente politización", para lo que cree necesario la definición de un nuevo modelo de justicia que la haga más "útil y eficaz".
La elevada carga de trabajo, la falta de jueces, el elevado índice de litigiosidad o el anticuado sistema organizativo son, en su opinión, algunas de las deficiencias de la justicia en general y de la situación de Andalucía en particular, donde las grandes reformas estructurales pendientes requieren de un "urgente" consenso político para su aprobación, ha dicho en el acto, en el que también estaban presentes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
Esas reformas son las relativas al modelo organizativo, a la modernidad procesal y a la tecnológica, según Del Río, para quien el principal reto de la Consejería andaluza de Justicia es perfeccionar la digitalización de la justicia.